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Por: Reynaldo López R.
24 febrero, 2021
Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas -mejor conocidas como mipymes- son la manifestación, por excelencia, del emprendimiento y empuje de los colombianos. Según la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), Colombia tiene cerca de 2.540.953 mipymes, que representan el 90% de las empresas del país y emplean más del 65% de la fuerza laboral nacional. No obstante, dada la contracción económica de los últimos años y la profunda crisis desatada a raíz de las duras medidas para contener la Covid-19, también constituyen el sector más afectado y para el que prevé será más difícil recurperarse.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Congreso de la República, a iniciativa del Gobierno Nacional, aprobó la Ley 2069 de 2020 con el fin de propiciar el emprendimiento y crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas. A través de esta ley se materializaron medidas de diversa naturaleza dentro de las que se destacan las relacionadas con compras públicas, con las que se busca ampliar mercados y promocionar a las mipymes y emprendimientos al facilitar su acceso a la contratación con entidades estatales.
Dentro de las normas que regulan la contratación pública, se han incluido algunas medidas para promover el acceso de las mipymes a las compras públicas, así como otras que buscan promover de forma general la industria nacional. Hacia este objetivo existen disposiciones precisas dentro de las Leyes 590 de 2000, 816 de 2003, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 que promueven acciones específicas a favor de las mipymes y que constituyen su marco actual. La Ley 2069 de 2020 trae diferentes adiciones y modificaciones a lo estipulado en el mencionado marco normativo y la pregunta que surge es si dichas medidas resultan significativas y si tendrán el efecto esperado.
Una de las herramientas que más llama la atención es la inclusión de las mipymes al Sistema de Compras Públicas y tienda virtual del Estado colombiano, a través del cual, las entidades estatales pueden acceder a un listado de productos que han sido objeto de acuerdos de precios, y en el que los protagonistas eran las grandes superficies como Falabella, Macro, Alkosto, entre otros. Aunque pendiente de la reglamentación correspondiente, esta inclusión genera gran expectativa entre los emprendedores que esperan encontrar, en el mercado público, una salida a la crisis económica, pues reduciría el desgaste administrativo que significa la participación en los cientos de procesos de contratación pública a nivel territorial.
En la misma línea, y en vista del reto que ha significado la atención al ciudadano en vigencia de la pandemia, la Ley exhorta a las entidades de los diferentes niveles del estado a realizar inversión en sistemas y herramientas tecnológicas que permitan la mejora en la ejecución de políticas públicas y el ejercicio mismo de las funciones públicas, para lo que ha puesto en cabeza del Gobierno Nacional y a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública la tarea de reglamentar la materia y emitir los lineamientos correspondientes.
Entretanto el Gobierno Nacional prepara la reglamentación de las medidas adoptadas, será tarea de los miles de emprendimientos analizar la forma en que puedan impactar el mercado de las compras públicas con los productos y servicios que ofrecen, para lo que deberán preparar su soporte administrativo y estar al día en el cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en este tipo de procesos. Si necesita asesoría y acompañamiento en este proceso, ¡contáctenos!
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